En específico de trata de los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.
En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que había reservado esa información por cinco años, pero el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) bajó el plazo a dos años.
Sin embargo, la Suprema Corte lo volvió a aumentar a cinco años, el máximo que permite la ley y que se contarán a partir de diciembre de 2020, con lo que la información se mantendrá en reserva hasta el 2025.
En un comunicado, el Pleno de la Suprema Corte indicó que resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos.
En el primero de ellos resolvió que “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”.
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